La Subcomisión de Sanidad del Congreso se ha convertido en el primer gran foro parlamentario dedicado a analizar de forma específica la situación de la profesión veterinaria en España. Su misión es escuchar a los distintos actores implicados, estudiar los problemas reales del sector y elaborar un informe con recomendaciones sobre cuestiones tan relevantes como el reconocimiento efectivo de la veterinaria como profesión sanitaria, la fiscalidad, las condiciones laborales y la regulación del medicamento veterinario, incluido el impacto del RD 666/2023.

En este marco ya han comparecido representantes del ámbito colegial, empresarial, académico, regulador y farmacéutico. Entre ellos, Gonzalo Moreno del Val, presidente de la Organización Colegial Veterinaria; Álvaro Mateos, presidente de AVESA; María Jesús Lamas, directora de la AEMPS; Consuelo Serres, decana de la Facultad de Veterinaria de la UCM y presidenta de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Veterinaria de España; Delia Saleno, presidenta de CEVE; Juan Carlos Ortiz, presidente emérito de la Asociación Española de Veterinarios Municipales; y Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

Sin embargo, la intervención de Jesús Aguilar ha provocado una respuesta especialmente dura en el sector veterinario. Muchos profesionales consideran que sus declaraciones no solo ofrecieron una visión parcial, interesada y corporativista, sino que además evidenciaron un profundo desconocimiento de la realidad asistencial en la que trabajan miles de veterinarios cada día.

La reacción no se ha hecho esperar. Desde la profesión veterinaria se ha recordado con rotundidad que los veterinarios son los únicos profesionales capacitados para diagnosticar, prescribir, aplicar y, cuando la asistencia lo requiere, suministrar de forma inmediata el tratamiento necesario para los animales bajo su cuidado. Por ello, ha causado una enorme indignación que desde el ámbito farmacéutico se pretenda sembrar dudas sobre el criterio clínico, la ética profesional y la responsabilidad de quienes están a pie de campo, resolviendo problemas reales en condiciones reales.

Además, una parte importante del sector considera inaceptable que se intente trasladar al medicamento veterinario una visión burocrática, urbanita y completamente alejada de la práctica clínica. Porque una cosa es hablar desde un despacho y otra muy distinta es atender una urgencia en una explotación, en una cuadra o en plena asistencia de campo. En esos escenarios, el acceso inmediato al tratamiento no responde a ningún interés comercial, sino a una necesidad sanitaria, terapéutica y de bienestar animal.

La controversia generada por la comparecencia del presidente de los farmacéuticos ha servido, al menos, para poner en evidencia algo que la profesión veterinaria lleva tiempo denunciando: que no se puede regular el medicamento veterinario desde planteamientos ajenos al ejercicio clínico ni desde posiciones corporativas que anteponen intereses propios a la realidad asistencial. Si algo ha quedado claro en esta subcomisión es que la veterinaria necesita una regulación construida desde el conocimiento, el respeto profesional y el sentido común, no desde lecciones impartidas por quienes desconocen por completo cómo se trabaja sobre el terreno.